El reto de la deuda pública

Por los niveles de deuda pública que se han alcanzado a lo largo de los años, y las condiciones adversas en que fueron contratados los créditos bancarios, el saneamiento de las finanzas y fortalecimiento de la hacienda estatal tendrán que ser asignaturas permanentes y prioritarias para los Poderes Ejecutivo y Legislativo, al menos durante las próximas dos décadas, ya que se trata de un problema estructural que no surgió de la noche a la mañana y que tampoco se resolverá por completo de un día para otro.

El origen del debilitamiento sistemático de las finanzas estatales podríamos ubicarlo en el año 2007, cuando Gobierno del Estado, con autorización del Congreso local, impulsó una reestructura de deuda pública mediante un proceso de bursatilización del impuesto sobre la nómina; es decir, no se contrataría un crédito con un banco, sino que inversionistas adquirieron certificados bursátiles a través de la Bolsa Mexicana de Valores, con la garantía de que su inversión sería pagada por la administración estatal con el dinero recaudado a través del impuesto de 2 % que se cobra sobre todo salario formal pagado en Michoacán.

Mediante la bursatilización se contrajo  una deuda por 3 mil 500 millones que no sólo comprometió a las finanzas estatales durante los 30 años posteriores, sino que expuso la estabilidad financiera de Michoacán a un permanente riesgo, ya que no fue contraída en pesos, sino en UDIS cuyas tasas de interés se elevan conforme aumenta la inflación.

El adeudo de 3 mil 500 millones derivado de la bursatilización no ha disminuido pese a que se paga puntualmente; sin embargo, las tasas de interés han hecho que el monto de esa deuda se haya elevado a 4 mil 185 millones de pesos, según saldo al 31 de octubre del 2016.

Entre el 2007 y el año pasado, las obligaciones financieras del estado han crecido con una tasa promedio de 27.4% anual. En el afán de restar presión a las finanzas estatales, a lo largo de ese periodo se han impulsado dos reestructuras de deuda en 2011 y 2013; sin embargo, en el último proceso la debilidad de las finanzas estatales hizo que Gobierno del Estado negociara en condiciones de desventaja, y terminara por aceptar la contratación de créditos con plazos y tasas de interés que a la postre no resultarían favorables para la hacienda estatal.

Los compromisos de deuda han contribuido a erosionar la solidez financiera del estado, a grado tal que en los últimos años los presupuestos del Gobierno del Estado se veían mermados por déficit de hasta 5 mil millones de pesos. No obstante, la administración estatal cerró el 2016 con una proyección deficitaria de 3 mil 200 millones de pesos; es decir, mil 800 millones de pesos menos .

Sin embargo, debido a las condiciones en que fue contratada parte de la deuda pública estatal, la estabilidad financiera del estado depende también de factores externos en los que Gobierno del Estado no tiene injerencia; por ejemplo, la caída en los precios del petróleo, la devaluación del peso ante el dólar, y el aumento en la inflación.

El gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo, en su primer año de gestión, ha tenido que absorber el impacto de los seis incrementos a la tasa de interés realizados por el Banco de México en consecuencia de la alta volatilidad financiera y la incertidumbre que ésta genera en los mercados internacionales; el año 2015 cerró con una  Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 3.25% y el 2016 concluyó  con una tasa de 5.75%.

 

Dichos ajustes a la alza en los intereses, han encarecido considerablemente el costo de servicio de deuda que tiene que cubrir el Gobierno del Estado; para el año fiscal 2016 se tenía una proyección inicial de mil 555 millones 396 mil 466 pesos que serían destinados al pago de deuda pública, pero tras los incrementos efectuados por el Banco de México esa suma se elevó a mil 867 millones 80 mil 244 pesos; es decir, un excedente de 311 millones 683 mil 778 pesos.

Para este 2017, Gobierno del Estado ha tenido que aumentar en 437 millones 796 mil 348 pesos la proyección de pago de servicio de deuda, al que se le destinaría una suma total de 2 mil 554 millones 441 pesos.

Con el propósito de evitar que una parte significativa del presupuesto estatal sea erogada en el pago de intereses sobre la deuda, y que en cambio  pueda destinarse a inversión en obra pública, ya sea para la mejoría de servicios, para fortalecer a sectores productivos o impulsar el desarrollo social, el Ejecutivo de Michoacán ha propuesto reestructurar el 65.9% de la deuda pública estatal.

La iniciativa busca modificar las tasas de interés y plazos de pago de un total de 11 mil  474 millones de pesos en deuda contratada en 2013 con Banobras, Interaccion y Multiva, así como la bursatilización del 2007. A diferencia de otras reestructuras, en esta ocasión se realizará mediante un proceso democrático y transparente de licitación, en el que la operación financiera se realizará con aquellas instituciones bancarias que ofrezcan las mejores condiciones para Michoacán.

El proyecto de reestructura hecho llegar al Congreso del Estado para su autorización, no implica contratar nueva deuda, al contrario, está sustentado en una meta de ahorro de hasta 141 millones de pesos al año, considerando únicamente la modificación de los créditos contratados en 2013.

Este año el panorama no es más alentador, ya que el arribo de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos genera incertidumbre en los mercados internacionales, y se han encendido los focos de alerta por el destino que pudieran tener las relaciones comerciales con México, de tal manera que se prevén nuevos aumentos en las tasas de interés que impactarían severamente en las finanzas estatales si no son modificadas las condiciones de pago de deuda estatal.

Concretar la reestructura de la deuda es una prioridad para el Gobierno del Estado, ya que si se mantienen las mismas condiciones de crédito, la hacienda estatal continuaría altamente expuesta al riesgo de incremento de las tasas de interés en un escenario con altas probabilidades de que eso ocurra, lo que no sólo afectaría la capacidad operativa del Gobierno del Estado, sino que impactar en una reducción de la inversión destinada a programas sociales o inversiones públicas productivas.

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