El contexto educativo en Michoacán está viviendo ahora mismo un proceso de transformación histórica que, una vez resuelto, marcará un antes y después, no sólo para la enseñanza, sino para la vida de las y los michoacanos.
Para lograrlo, el sector educativo requiere de una solución de fondo para las problemáticas estructurales que ha arrastrado durante las últimas décadas, a fin de que pueda transitar a una nueva etapa educativa, donde el principal eje sean las y los niños y jóvenes del estado.
Mientras esto ocurre, es lamentable que la etapa formativa de más de
sea trastocada por circunstancias y decisiones que rebasan el contexto educativo.
El paro más reciente de maestras y maestros agremiados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Michoacán, de poco más de un mes, dejó afectaciones importantes en el sector económico, vulneró el derecho a la educación y afectó el derecho al libre tránsito de ciudadanas y ciudadanos.
Paralelamente, las demandas del magisterio son atendidas por los gobiernos Estatal y Federal, pues a la fecha se ha concretado el pago de salarios, prestaciones y bonos, los cuales ascienden a más de mil millones de pesos.
Sin embargo, hemos visto es que existen intereses exclusivos de las cúpulas de magisterio. Por ello es imprescindible la aplicación del Estado de derecho.
¿Por qué y cómo se generó el adeudo a los maestros?
En materia financiera, la problemática educativa actual comenzó a gestarse en 1992, cuando se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que incluía condiciones inequitativas para nuestra entidad federativa.
En 1995 el entonces Gobernador Víctor Manuel Tinoco Rubí signó la primera minuta con el magisterio michoacano y comprometió recursos, comenzando así una práctica que se replicó hasta 2015, generando un gran boquete financiero que es imposible de sostener ya.
La mayoría de esas minutas firmadas con la Coordinadora eximen de responsabilidad a sus signantes, pero es importante que el pueblo de Michoacán conozca la verdad histórica, y que se realice un análisis minucioso –peso sobre peso, plaza a plaza, bono a bono– respecto a cuál ha sido el comportamiento financiero en el ámbito educativo, y cuáles los compromisos establecidos, los bonos, las dadivas públicas y confidenciales que se han realizado.
Es indispensable que se realice una auditoría, como lo ha solicitado el Gobierno del Estado, en este renglón, que involucre tanto a la Secretaría de Educación en el Estado, y a la CNTE para verificar el ejercicio presupuestal y administrativo en materia de salario, prestaciones y movimientos de la nómina educativa estatal.
Así podremos trazar una red y darnos cuenta de quiénes son familiares, amigos, parientes, con quiénes intercambiaron comercialmente favores los funcionarios que malamente comprometieron el presupuesto destinado a educar a los hijos de los michoacanos.
El 26 de noviembre de 2018, el Gobierno del Estado de Michoacán hizo visible este problema en el espectro nacional, al retirarse del acuerdo de 1992, como el primer paso de un amplio proceso que, hoy, requiere de una intervención sistémica de todos los actores clave para obtener resultados estructurales de largo plazo en nuestro contexto educativo.
Por ello hacemos un llamado, firme y respetuoso, a la participación racional de todos los actores relacionados, para que dejen fuera de la mesa de diálogo los intereses políticos, económicos, de poder o mediáticos. Para que Michoacán deje de ser el último carro del tren de la educación nacional y ocupe el lugar que le corresponde.
Es tiempo de poner un alto; no podemos seguir inmersos en la beligerancia, en el encono social, en el uso faccioso de los sueños y aspiraciones de los michoacanos para impulsar la agenda de poder y de ambición de recursos a costa de lo que sea, de unos cuantos. Es tiempo de actuar y hacer escuchar nuestra voz, como ciudadanos.
